REDLAJ: II CONGRESO IBEROAMERICANO DE COOPERACIÓN JUDICIAL

logotipo REDLAJ

CARTA DE SANTIAGO DE CHILE

Los jueces y magistrados de dieciocho países de América del Sur, Centro América, México y el Caribe, miembros de la Red Latinoamericana de Jueces, reunidos en la ciudad de Santiago de Chile, con motivo del II Congreso Iberoamericano de Cooperación Judicial: Justicia Digital, que se llevó a efecto entre los días 3 y 6 de noviembre de 2008, han acordado realizar la siguiente declaración:

1. Estiman imprescindible para complementar los acuerdos que sobre distintas materias existen en la comunidad latinoamericana, desarrollar mecanismos de cooperación entre los poderes judiciales, tendientes a intensificar la incorporación de los medios telemáticos y electrónicos que proporcionan las nuevas tecnologías de información y comunicación digital. Todo ello tendiente ha obtener un resultado que esté acorde con las exigencias sociales actuales, en orden a brindar un servicio judicial cada vez más eficiente, eficaz y oportuno, que permita un acceso fluido para el resguardo de los derechos de los ciudadanos, y que otorgue plena confianza y seguridad a la población.

2. Consideran que el ejercicio de la ciudadanía latinoamericana solo puede garantizarse por el desarrollo armónico de sistemas jurídicos que sean, a la vez, compatibles desde el punto de vista tecnológico y que respeten y acepten los derechos fundamentales individuales y sociales de sus integrantes, cualesquiera sea su condición económica, social, racial u originaria.

3. La identidad y similitud de sustrato cultural, lingüístico, histórico y geográfico, pueden ser potenciadas en el mundo contemporáneo, a través de las nuevas tecnologías de comunicación e información, de modo de hacer posible la mayor vinculación e integración de la América Latina, y su relación constructiva con los demás bloques de poderes de Europa, Asía, África y Norteamérica.

Instamos pues en el uso de estas nuevas tecnologías de información y comunicación en forma progresiva y universal. Su difusión y expansión contribuirá a la existencia de poderes judiciales cada vez más eficientes, transparentes y que den un fluido acceso a los justiciables.

4. Las nuevas tecnologías permiten la integración y comunicación directa entre los poderes judiciales, y el abandono progresivo de la intermediación de los mecanismos diplomáticos tradicionales que, usualmente, burocratizan y tornan más lentos la actividad procesal trasnacional.

5. Asimismo, la necesidad de definir una plataforma común para el flujo de los actos procesales electrónicos, debe reducir el formalismo del procedimiento judicial, en aras a la efectividad de los derechos de los ciudadanos. Corresponde, entonces, la adopción de sistemas informáticos propios, mixtos o ajenos, con códigos-fuentes abiertos o no, a partir de un amplio debate académico, tecnológico y político y bajo un presupuesto básico de interoperabilidad de los sistemas adoptados entre las naciones del bloque latinoamericano, de modo tal que los usuarios del sistema de justicia tengan un tratamiento igualitario, independientemente del territorio geográfico en que se encuentren.

6. Los procedimientos judiciales tradicionales, dada su esencia instrumental, no pueden ser concebidos como obstáculo a la implementación del sistema electrónico procesal. Al contrario, es necesaria la actualización y adecuación jurídica de las garantías procesales, a la luz de las nuevas tecnologías de información y comunicación, racionalizando y simplificando los procesos para tornarlos interactivos, instantáneos y dinámicos.

7. En el uso de las tecnologías en el proceso judicial, es necesario compatibilizar los principios de publicidad de los actos y el respeto a la intimidad, privacidad y seguridad de datos, definiendo políticas de confidencialidad responsables. Se debe así, en el ámbito físico o virtual del trabajo, garantizar la dignidad, privacidad y confidencialidad de los datos y comunicaciones que por su naturaleza son de índole estrictamente privado, inclusive al operar los medios tecnológicos dispuestos por el empleador.

En consecuencia, es urgente el desarrollo de mecanismos internacionales para la protección del teletrabajo, con pleno respeto a los derechos sociales, y de la intimidad, vida privada y familiar del trabajador, moderando, a la vez, los mecanismos de tele subordinación propiciados por las nuevas infraestructuras de la tecnología digital.

8. Es necesario y urgente, asimismo, el desarrollo de mecanismos ágiles de decisión y cooperación judicial informal e informática, en el ámbito de la persecución internacional del crimen organizado, como acerca de la responsabilidad que en campo laboral o económico pudieren tener las empresas transnacionales, entre otras materia de similar naturaleza.

9. Afirmamos también que la tecnología constituye solo un instrumento, esto es un medio y no un fin en si mismo, por lo que el uso de los medios modernos de gestión y soporte digital debe ser compatible con acciones que propendan a situar al juez en la comunidad como un agente activo de cambio y regulador de conductas positivas específicas en el marco del estado de derecho, a la vez que comprometido en una relación comunitaria fructífera.

10. En conclusión, nos comprometemos a generar actividades concretas en torno a la unificación y mejoramiento de los medios tecnológicos que se emplean en el ámbito de la justicia nacional e internacional, así como propiciar mecanismos que permitan que aquellos países que no tienen los medios necesarios cuenten al menos con herramientas que posibilite superar sus dificultades. A la vez, instamos a los jueces y operadores del sistema a tener una visión amplia y comprensiva de acciones tanto tecnológicas cuanto humanas, para otorgar una justicia eficiente, pero también muy cercana a la comunidad en que se aplica.

Extendida en Santiago de Chile el seis de noviembre de dos mil ocho.

Roberto Jorge Feitosa de Carvalho, Presidente

José Eduardo de Resende Chaves Júnior, Vice Presidente

Roberto Ignacio Contreras Olivares, Secretario General.

____